Por decreto presidencial el año 2003 se creó, durante mi presidencia, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, liderada por monseñor Sergio Valech que buscaba reunir la verdad sobre las torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. “No hay mañana sin ayer” dije cuando anuncié al país la creación de la Comisión.

Con el objetivo de proteger a las víctimas se aseguró, en un inicio, mantener la reserva durante 30 años de los documentos y antecedentes de sus testimonios. Esto fue el resultado de cuidar a aquellos que se atrevieron a hablar, resguardando sus relatos. Tal como lo señaló la Comisión cuando me hizo entrega del informe: “Es humano querer mostrarse altivo y no humillado porque hablar es correr el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y sicológica, es algo muy difícil de hacer, incluso ante los propios cónyuges. Ese silencio comprensible fue ahondado por el daño de los sufrimientos no compartidos, de las confidencias ahogadas, de aquellos que preferimos poner en la estantería de las pesadillas y arrancar de los archivos de la historia”. Las víctimas tenían un doble temor de hablar. Por una parte que pensaban en que los militares podían volver al poder y por otra, no quería hacer públicas experiencias que les resultaban vejatorias y humillantes.

Días antes de recibir el informe tuve una audiencia con una señora. Ella me dijo: “Fui presa política a los 15 años y hoy, 30 años después soy joven y espero llegar a los 80 años. No quiero que mis nietos sepan, mientras yo esté viva, las reiteradas violaciones que tuve que soportar como presa política. Me humillaron, me vejaron y no quiero que ellos conozcan esa parte de mi historia mientras viva. Prefiero que se informen de lo que le pasó a su abuela, después que esté muerta”.

Tras haber leído las 35 mil confesiones de tortura y, en particular, tras la audiencia con esta mujer, decidí ampliar el rango de años que aseguraba que las declaraciones serían privadas de 30 a 50 años.

El Informe Valech es un documento único en el mundo que buscó encontrar la verdad de lo ocurrido, conocer los recintos carcelarios, los centros de torturas y los tipos de torturas realizados durante ese período, garantizando siempre la protección de la identidad de quienes fueron víctimas. “Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”, señalé cuando le entregué el Informe al país.

Acá no hubo pactos de silencio; de secreto; ni impunidad, sino que hubo respeto para que las víctimas se atrevieran a contar lo ocurrido.

Cada vez que alguno de ellos decía “creo conocer aquel que me torturo” se le proponía hacer la denuncia ante los tribunales, pero esa era su decisión, porque este informe buscaba conocer la verdad y no hacer justicia, ámbito competente a los Tribunales.

Asimismo, se generaron instancias para que las instituciones armadas abrieran sus registros tal como lo hizo el Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Izurieta, quien reconoció que las Fuerzas Armadas durante la dictadura lanzaron cuerpos de presos políticos asesinados al mar.

Hoy, todo aquel que quiera que su testimonio o el de su familiar fallecido sea público, se puede acercar al Ministerio de Justicia y hacer su declaración y toda persona que quiera denunciar a quién lo torturo, es libre de hacerlo.

Reivindiquemos lo que fuimos capaces de afrontar como chilenos, y valoremos los aportes significativos que durante estos 25 años se han realizado para el esclarecimiento de la verdad y la justicia. Es cierto, siempre se puede hacer más, pero ante todo se debe respetar la decisión de las víctimas de querer hacer pública sus historias.