Parece obvio, pero en los días que corren es necesario rescatar y subrayar un principio esencial de la práctica democrática: hay que ser cuidadosos en el uso de las instituciones esenciales de un país. Porque cuando se las desvirtúa de su verdadero sentido lo que ocurre, en último término, es un desconocimiento del Estado de Derecho. Es cuando se pasa del uso al abuso del texto constitucional o de los equilibrios pertinentes entre los poderes del Estado. Y aquí es cuando los hechos ocurridos en Brasil y en Venezuela con la ley de amnistía llaman a una reflexión.

Si miramos con amplitud la realidad regional, constatamos que la ciudadanía ha sido convocada recientemente para momentos determinantes. Hubo elecciones presidenciales en Argentina y Perú: la primera trajo un cambio de signo político en la conducción del Poder Ejecutivo; la otra avanza hacia la consulta definitiva. También está el plebiscito en Bolivia donde la ciudadanía dijo “no” a la reelección del presidente Evo Morales para un cuarto período. La institución democrática se utilizó, la ciudadanía habló y el gobernante acató. En Venezuela, las elecciones dieron una mayoría de casi dos tercios a la oposición en la Asamblea Nacional y el presidente Nicolás Maduro, en cierta forma, reconoció la legitimidad institucional al ir allí para entregar su Memoria y Cuenta anual. Son situaciones muy distintas, pero en todas ellas hubo un buen funcionamiento de las instituciones.

Sin embargo, las preocupaciones emergen cuando, al mismo tiempo, aparecen acciones y decisiones donde la aplicación de normas institucionales muestra signos inequívocos de un uso torcido de las mismas.

Con motivo del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, el denominado impeachment, vemos una colisión del Poder Legislativo con el Ejecutivo. También una crisis en el Parlamento que, a la hora de votar, ofreció a la ciudadanía y al mundo un espectáculo de verborragia y desmesura grotesca, como lo calificaron influyentes columnistas brasileños. Y también hay desmesura en la forma como el Poder Judicial va procesando los temas de corrupción.

El juicio político a un presidente por notable abandono de deberes u otras causales está claramente definido en nuestras constituciones. Lo importante es que esas causales estén ligadas a situaciones de gravedad mayor, como el abandono de deberes de quien ejerce el mando. ¿Ha habido abandono de deberes en Brasil o simplemente se utilizó un mecanismo de uso frecuente en la presentación de las cuentas fiscales haciendo que no aparezca un déficit presupuestario, pensando resolverlo mediante peticiones de crédito a instituciones financieras del estado? Así ocurrió antes con otros mandatarios, como ha dicho la prensa brasileña; sin embargo, ahora es el pretexto para impulsar la acusación constitucional. Así lo ha dicho el respetado jurista y anterior presidente del Tribunal Supremo de Justicia Joaquín Barbosa: “Siento un malestar con ese fundamento. La alegación es débil y causa incomodidad”.

Claro, hay una crisis en Brasil, están los altos niveles de corrupción y el caso de Petrobras es uno de los mayores escándalos en su historia por las magnitudes involucradas. Pero todos concuerdan que la presidenta Rousseff es una persona honrada, que no ha habido actos de corrupción de la cual se la pueda acusar a ella. A la crisis también contribuye la forma de proceder del Poder Judicial. Los magistrados deben actuar e investigar con libertad y seriedad. No están para sembrar dudas en la población. Por ello, cabe preguntarse ¿qué buscaba el juez Sergio Moro al disponer un aparatoso dispositivo policial para llevar al presidente Lula a una comisaría en el aeropuerto de Congonhas, para recoger allí su declaración? Tal vez quiso mandar un mensaje al resto de aquellos involucrados en la trama de la corrupción para que colaboren. Ya lo había planteado en el 2004 en una revista de jurisprudencia de Brasil, cuando analizó extensamente las acciones de los jueces italianos en los procesos de las “manos limpias” de 1992, donde cayeron empresarios, funcionarios públicos y altos dirigentes políticos.

El meollo del caso brasileño está en el uso de una mayoría parlamentaria opositora para atacar el sistema presidencial. Se llega al impeachment usando una excusa. Pero, ¿cada vez que se constituyan mayorías opositoras éstas podrán actuar con cualquier pretexto para destituir a un presidente, en vez de buscar soluciones políticas a la crisis?

En el caso venezolano también hay lecciones que sacar. Están enfrentados el Ejecutivo y el Parlamento el cual, en uso de sus atribuciones, aprueba una Ley de Amnistía. Toda Ley de Amnistía no se refiere a los delitos, presuntos o reales, sino a que los condenados por ellos queden en libertad. Esto es lo que el presidente Maduro no ha hecho y ha recurrido a los Tribunales de Justicia para que estos declaren la improcedencia de lo resuelto por el Congreso. Claramente aquí hay una extralimitación del Poder Judicial y por tanto la división de poderes de Montesquieu no estaría siendo respetada.

Es atribución propia de un Parlamento poder aprobar una Ley de Amnistía y puede ser vetada por el Ejecutivo con el procedimiento pertinente. Si el Parlamento insiste con sus votos, prima la voluntad del legislador, es lo democrático. Es lo que ha dicho con claridad el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. “El pueblo brasileño sabrá impedir cualquier retroceso” dijo emocionada Dilma Rousseff en Naciones Unidas. Es lo que esperamos todos, porque Brasil tiene tareas mayores en el siglo XXI. Y ojalá hagan posible un diálogo político real en Venezuela los ex presidentes Leonel Fernández (República Dominicana), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Martín Torrijos (Panamá),convocados con urgencia por UNASUR. La democracia reclama solidez y respeto a sus instituciones para ser tal. Si se abusa de ellas, es el ciudadano el que siente que su voto pierde valor. Es el principio del fin.