Quiero partir señalando que estoy en contra del consumo de drogas. Son dañinas para la salud del ser humano y, por lo tanto, siempre estaré del lado del sistema que busque mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Sin embargo, ¿cuáles son las medidas apropiadas para alcanzar este óptimo ante un aumento sostenido del consumo de drogas, el narcotráfico y las tasas de criminalidad asociadas a estas actividades?
En 1961, durante la primera Convención Única sobre Estupefacientes se optó por combatir las drogas y al narcotráfico a través de su ilegalización. Sin embargo, esta política que ha imperado durante los últimos 55 años ha fracasado. Sólo entre 1998 y 2008, el consumo de opio y cocaína en el mundo aumentó de 13 a 17 millones de personas, mientras que en el caso de la marihuana este incremento fue de un 10% pasando de 134 a 147 millones de consumidores. Esta realidad nos demuestra que la penalización no evita el consumo y conduce al empoderamiento y enriquecimiento de peligrosos carteles capaces de controlar estructuras policiales y estatales. ¿Cómo se desmantela un imperio económico que produce casi 300 mil millones de dólares al año?
Empecemos por diferenciar los mercados. Tal como lo avalan cientos de estudios la marihuana es menos adictiva que el tabaco y el alcohol, sustancias totalmente legales en todo el mundo. Entonces si despenalizamos la cadena productiva de la marihuana (como ya lo hizo Uruguay y Colorado y Washington en Estados Unidos) y el Estado controla el estanco de su producción y venta, se sacaría del mercado ilegal a más de 160 millones de personas y, de manera paralela, permitiría que miles de mujeres «burreras» condenadas por tráfico de marihuana dejen de estar en las cárceles para volver con sus familias. Si, además, acompañamos esta medida por una intensa y efectiva campaña de prevención como la que se realizó en su momento con el tabaco, los principales consumidores de marihuana -jóvenes entre 15 y 24 años- comprarían de manera regulada e informada.
Asimismo, se debe incorporar a los adictos de drogas duras al sistema de salud pública, sacándolos del mercado negro que sólo los conduce a morir en precarias condiciones. Cuando el adicto ya no puede revertir su situación, debe ser tratado como un enfermo terminal, es decir, en centros de salud especializados que los ayudan a controlar su padecimiento con dosis reguladas de drogas.
De esta manera, el mercado ilegal se reduciría exclusivamente al de las drogas duras y estaríamos en condiciones para enfrentar con más recursos a un narcotráfico mucho más pequeño y específico.
Debemos enfrentar el consumo de marihuana, las adicciones a las drogas duras y el narcotráfico como asuntos de Estado. Latinoamérica debe hacerse cargo de un negocio adscrito a su territorio y que, debido a las medidas imperantes, destruye y enferma a sus sociedades. Atrevámonos a abrir el debate y cambiar el paradigma: legalicemos la marihuana y evaluemos las medidas para enfrentar las drogas duras y adictivas.
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