La democracia es una condición necesaria para el buen gobierno, pero no es suficiente. Como instrumento ciudadano aborda la relación entre Estado y mercado y define qué ámbitos les otorga a cada uno de estos elementos. La tensión entre esta dicotomía, es decir, más mercado o más Estado, define qué tipo de sociedad se estructura a partir de la cadena de derechas a izquierdas, para usar la terminología tradicional.

Entonces, ¿cuál es el primer requisito para el buen gobierno? Tener claridad sobre qué es lo que está demandando el ciudadano y, siguiendo al filósofo italiano Norberto Bobbio, asegurar que todos seamos por lo menos, iguales en algo. Este algo es definido por el ciudadano que, a lo largo del tiempo, demandará un “mínimo civilizatorio”.

A medida que el país crece ese ciudadano le demanda más al Estado el cual puede recurrir al mercado para responder a estas necesidades. Esto porque, a veces, es más eficiente que el mercado provea los medios para alcanzar ese mínimo civilizatorio y es deber del Estado garantizarlo para que la sociedad tenga un nivel de inclusión que le permita desarrollarse en armonía y paz.

Un buen gobierno, además de entregar y garantizar los bienes y servicios públicos definidos por el ciudadano, debe implementar una serie de principios para que esto suceda.

El primer requisito para un buen gobierno es asegurar cierto contexto básico que lo permita. En este sentido es necesario, como mínimo, respetar el Estado de derecho en el que todos somos iguales en derechos; mantener los equilibrios económicos esenciales para el desarrollo de una macroeconomía previsible y asegurar que exista un panorama internacional neutro y favorable para la implementación del programa.

Como segundo punto, un buen gobierno debe proyectarse a largo plazo y, en torno a esa mirada larga, convocar a la sociedad a tener un entendimiento común.

El tercer principio sostiene que la ejecución del programa se debe realizar a través de políticas públicas, instrumentos fundamentales para implementar las medidas que se proyectaron a largo plazo.

El cuarto principio es gobernar con transparencia y franqueza. La obligación número uno de un gobernante es comunicar y socializar ante los partidos políticos, el Congreso y la ciudadanía cómo se llevarán a cabo las políticas públicas en educación, salud, vivienda, empleo, etc. Como voz privilegiada y elegida por una sociedad, el gobernante debe explicar todas las políticas públicas, sus implicancias y alcances.

El quinto punto es ser capaz de visualizar que luego de años en el gobierno y porque se hicieron bien las cosas, las políticas públicas implementadas ya no sirven para una próxima etapa. Los gobernantes deben ser capaces de identificar aquellos instrumentos exitosos que cambiaron la agenda y generaron un nuevo escenario en el que se necesitan otras medidas para satisfacer el nuevo “mínimo civilizatorio”.

Finalmente, un principio fundamental es cómo seremos capaces de mantener el rumbo ante las vicisitudes impredecibles que se van a presentar. Se requiere de un equipo de trabajo encargado de ayudar al gobernante y recordarle cotidianamente el rumbo y el punto final al que se quiere llegar. Sólo así se cumplirá lo proyectado a largo plazo y se movilizará a una ciudadanía tras un programa que entiende y comparte.

Si hoy podemos discutir sobre la democracia es porque, en la mayoría de los países de América Latina, hubo una generación que defendió y luchó por la libertad y los valores y principios democráticos. Esto permite que la sociedad actual pueda exigir nuevas demandas y proyectar entre todos cuál será nuestro mínimo civilizatorio, nuestro buen gobierno.