En el contexto del debate internacional sobre la explotación de recursos naturales, se ha consolidado la tendencia de avanzar hacia el diseño de políticas públicas que permitan un marco de producción para un crecimiento sostenible y a largo plazo.

Esto es especialmente primordial en los países que dependen de la explotación de recursos naturales como la minería. Ellos se enfrentan al desafío de construir una visión compartida entre todos los actores involucrados para asegurar una minería verdaderamente competitiva que le agregue valor a la actividad extractiva y a su vez aporte al progreso económico del país.

Esta proyección supone una industria minera virtuosa y coherente con otras actividades productivas. Es decir que distribuya equitativamente sus beneficios; que estimule una inversión en conocimiento que maximice la generación de valor del recurso que se extrae; que mitigue sus impactos ambientales y que opere con pleno respeto a los derechos de las comunidades locales, haciéndola coherente con la preservación y fortalecimiento del entorno en el que se desenvuelve.

Las estrategias son múltiples. Noruega por ejemplo fue pionera en el impulso de estrategia minera nacional que integra a todos los sectores, mientras que Australia se ha enfocado estos últimos quince años en impulsar actividades colaterales a la minería, alcanzando un monto equivalente al 60% del total de su producción minera.

En este escenario, el rol del Estado es fundamental, al dirigir la elaboración de una política que llevará a la minería a ser parte de la cadena global de producción nacional. Cumpliendo con su función reguladora, es el Estado quien debe controlar el ordenamiento territorial de la explotación y las externalidades de la industria, así como asegurar el diálogo oportuno y responsable con las comunidades afectadas directa o indirectamente con la actividad minera, al mismo tiempo que debe garantizar que todos los ciudadanos reciban los beneficios de la explotación del recurso.

Dentro de no muchos años, la minería limpia, es decir aquella que minimice sus residuos e impacto ambiental, tendrá un valor social que se traducirá en un valor económico.  Para esto, hay que crear todas las condiciones legales, institucionales e incluso me atrevería a decir que éticas.  En un contexto en el que los rendimientos mineros son agotables, sumado a las exigencias relacionadas con la huella de carbono de su extracción, es urgente generar políticas públicas a largo plazo que permitan a los países que dependen de la minería mantener su desarrollo económico para cuando ya no puedan producir más minerales. Por esto los royalties de hoy deben ser invertidos en el mañana. Esto es capitalizar en investigación, tecnología e innovación, de manera que cuando se acabe la extracción se cuente con patentes, productos de innovación y servicios asociados a la industria. Sólo así lograremos que los beneficios de la minería alcancen también a las futuras generaciones.

Descargue propuesta Minería y Desarrollo en Chile aquí: mineria-y-desarrollo-sostenible-en-chile-11